fundamentales de la historia económica moderna de México. Para comprender la
dimensión de su legado al frente del Banco de México no basta hablar de
autonomía, inflación o política monetaria. Hay que recordar el país que recibió y,
sobre todo, las crisis que México había sufrido antes de su llegada.
Durante buena parte del llamado Desarrollo Estabilizador, México mantuvo
crecimiento económico, inflación relativamente contenida y estabilidad cambiaria.
Pero ese equilibrio comenzó a deteriorarse durante la década de los setenta. El
gasto público creció aceleradamente, aumentaron los déficits fiscales y el gobierno
recurrió cada vez más al endeudamiento y al financiamiento del Banco de México
para cubrirlos.
El resultado fue inflación, pérdida de reservas internacionales y creciente
desconfianza en el peso.
En 1976 llegó la primera gran advertencia. Después de más de dos décadas de
estabilidad cambiaria, México sufrió una severa crisis de balanza de pagos y el peso
tuvo que devaluarse. El problema no apareció de la nada: el déficit fiscal había
crecido considerablemente y parte de éste se financiaba mediante crédito del propio
banco central. El gobierno gastaba por encima de sus ingresos y Banco de México
contribuía a financiar esa diferencia mediante expansión monetaria.
Durante el gobierno de José López Portillo, el descubrimiento y explotación de
enormes reservas petroleras alimentó la expectativa de que México podía crecer
aceleradamente apoyándose en los futuros ingresos del petróleo. El gasto público
volvió a dispararse y también lo hizo la deuda externa. Entre 1977 y 1981, la deuda
externa pública pasó aproximadamente de 23 mil a 53 mil millones de dólares.
Cuando las condiciones internacionales cambiaron, el modelo se derrumbó.
En 1982, México enfrentó una fuga masiva de capitales, pérdida de reservas,
sucesivas devaluaciones y finalmente la incapacidad para cumplir normalmente con
sus obligaciones externas. La inflación se acercó al 100 por ciento. El gobierno
respondió con controles cambiarios y, en septiembre de aquel año, con la
nacionalización de la banca. México quedó prácticamente cerrado al financiamiento
internacional y comenzó una década marcada por ajustes, inflación y
estancamiento.
Fue precisamente en ese escenario cuando Miguel Mancera llegó a la dirección
del Banco de México.
No recibió una economía estable. Recibió un banco central que durante años había
sido utilizado para financiar una proporción considerable de las necesidades del
sector público y un país que acababa de comprobar las consecuencias de permitir
que la política monetaria quedara subordinada a las necesidades financieras del gobierno.
La magnitud del problema resulta reveladora: en 1982, de acuerdo con la historia
económica publicada por el propio Banco de México, aproximadamente 77 por
ciento del financiamiento interno al sector público considerado en ese cálculo
provino del crédito primario del Banco de México.
Ese dato permite comprender mejor la convicción que marcaría la trayectoria de
Mancera: el banco central necesitaba límites claros frente al poder político.
La recuperación no fue inmediata. México todavía sufriría inflaciones
extraordinariamente elevadas durante los años ochenta. En 1987 la inflación anual
llegó a superar el 150 por ciento. La pérdida del poder adquisitivo golpeó
especialmente a quienes dependían de un salario y carecían de mecanismos para
proteger su patrimonio.
Gradualmente comenzó a construirse una arquitectura económica diferente, basada
en mayor disciplina fiscal y monetaria, apertura comercial y una transformación
profunda de las instituciones económicas mexicanas.
La culminación institucional llegó en 1993, cuando se reformó la Constitución para
otorgar autonomía al Banco de México. La nueva arquitectura entró en vigor en 1994
y Mancera se convirtió en el primer gobernador del banco central autónomo.
La reforma contenía una lección aprendida durante décadas de crisis: ningún
gobierno debía disponer discrecionalmente de la emisión monetaria para
financiar su gasto. Banco de México tendría como objetivo prioritario procurar la
estabilidad del poder adquisitivo de la moneda y contaría con autonomía para
ejercer sus funciones.
Mancera entendió que financiar persistentemente los desequilibrios del gobierno mediante creación de dinero puede ofrecer una salida temporal, pero la factura
termina trasladándose a toda la sociedad mediante inflación, devaluación, pérdida
del ahorro y deterioro del poder adquisitivo.
Por ello, su legado adquiere especial relevancia en el México actual.
La autonomía del Banco de México es un límite institucional construido para
impedir que las necesidades políticas de cualquier administración
comprometan la estabilidad de la moneda de todos los mexicanos.
Conviene recordarlo cada vez que desde el poder político surge la tentación de
cuestionar, debilitar o someter a los órganos autónomos bajo el argumento de que
una mayoría electoral otorga legitimidad suficiente para controlar todas las
instituciones del Estado. Una mayoría puede recibir el mandato para gobernar;
no recibe un cheque en blanco para eliminar los contrapesos que limitan su
poder.
La autonomía conquistada no fue producto de una obsesión académica. Fue
consecuencia de una crisis nacional.
Por eso recordar a Miguel Mancera Aguayo significa también recordar por qué
existen instituciones que deben mantenerse a distancia del poder político.
México necesitó las crisis de 1976 y 1982, y posteriormente los devastadores
episodios inflacionarios de los años ochenta, para comprender el costo de un banco
central subordinado a las necesidades del gobierno.
Mancera tuvo visión y dedicó su vida profesional a construir las condiciones
institucionales para que esa historia no volviera a repetirse. Defender hoy la
autonomía del Banco de México no significa defender el legado de un hombre
ni de una corriente económica: significa defender a México.