El riego justo como camino a la economía social y sustentable y la soberanía
alimentaria en México.
En México, el agua es oro. No por escasa, sino por el poder que concentra. Mientras
las élites políticas y económicas controlan las llaves de los ríos y acuíferos, millones
de campesinos luchan por regar sus parcelas con lo poco que les queda. La escasez
no es natural, es política. Y si no se revierte pronto, el país perderá su oportunidad de
construir una economía social, solidaria y sustentable.
El saqueo del agua.
Durante décadas, el Estado mexicano ha favorecido a grandes empresas en la
distribución del agua. Las cifras estimadas hablan por sí solas: menos del 1% de los
concesionarios concentra más del 70% del volumen de agua concesionado en el
país.(Esto que se dice es estimado porque Conagua no tiene la capacidad técnica e
infraestructura para medir el agua consumida superficial y subterránea) En esta lista
están cerveceras que se instalan en zonas áridas, refresqueras que extraen agua de
acuíferos sobreexplotados, y agroindustrias que riegan cultivos de exportación
mientras las parcelas ejidales se secan.
Estos privilegios no nacen de la eficiencia, sino del poder. Políticos, gobernadores y
funcionarios de alto nivel han sido cómplices en este modelo ineficiente, mal
administrado, clientelar, extractivista, aprobando concesiones discrecionalmente sin
transparencia, desviando agua pública hacia intereses privados y dejando a
comunidades completas sin acceso básico.
El campo mexicano, especialmente en tierras ejidales y comunales, es la mayor
víctima de esta injusticia hídrica.
La urgencia del riego social.
En un país donde más del 60% del territorio es ejidal o comunal, ignorar las
necesidades de estas tierras es condenar al fracaso cualquier intento de soberanía
alimentaria. Sin agua no hay agricultura. Sin agricultura no hay comida. Y sin comida
no hay país.
La infraestructura de riego en México es vieja, ineficiente, concesionada, con un
reparto clientelar y elitista. Más del 50% del agua utilizada en riego se pierde por
fugas, evaporación, mal manejo y/o mala administración. Las grandes zonas de riego
tecnificado se concentran en estados ricos del norte del país con fuertes inversiones
en infraestructura, muchas de ellas operadas por agroexportadores. En contraste, los
pequeños productores en Tabasco, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Puebla o Guerrero que
dependen del temporal o de canales rudimentarios porque no se ha invertido en
obras de infraestructura para regar sus tierras cultivables.
Invertir en infraestructura de riego tecnificada (goteo, aspersión, subterráneo,
localizado, fertirriego) para ejidos y comunidades no es solo justo, es estratégico.
Permitiría triplicar la productividad de millones de hectáreas, garantizar la producción
local de alimentos básicos y generar empleo rural digno. Además, permitiría reducir la
dependencia de importaciones y los impactos de sequías extremas.
Los daños de la inequidad hídrica.
El actual modelo hídrico ha causado daños profundos: – Desigualdad regional: Estados ricos en agua y producción, como Sinaloa o Sonora,
concentran la inversión hídrica, mientras el sureste agrícola con agua languidece por
falta de infraestructura de riego. – Migración forzada: Comunidades rurales abandonan el campo porque ya no pueden
vivir de la tierra. Muchos terminan en ciudades saturadas o en la migración
internacional. – Encarecimiento de alimentos: La menor producción nacional empuja los precios al
alza. Esto golpea especialmente a los sectores más pobres del país. – Tensión social y conflictos ambientales: Cada vez más comunidades se levantan
contra proyectos extractivos que se apropian del agua sin consultar a la población.
Cómo revertir el daño: propuestas clave.
- Auditoría nacional del agua: Revisar todas las concesiones existentes, eliminar las
ilegales y redistribuir el recurso con criterios sociales y ambientales. - Inversión pública en riego social: Destinar recursos federales para construir y
mantener infraestructura de riego eficiente en tierras ejidales y comunales. - Participación comunitaria en la gestión del agua: Incluir a las comunidades en los
consejos de cuenca, presupuestos participativos y vigilancia del uso del agua. - Educación y tecnología sustentable: Capacitar a los productores en técnicas de
riego por goteo, captación de lluvia, manejo de humedad y rotación de cultivos. - Legislación con enfoque de justicia hídrica: Modificar la Ley de Aguas Nacionales
para reconocer el derecho humano al agua como prioridad sobre cualquier uso
comercial.
Un camino hacia la economía solidaria y sustentable.
El agua puede ser la base de una nueva economía social. Una economía donde el
campo no sea subsidiado por lástima, sino apoyado por su valor estratégico. Donde
las decisiones se tomen desde lo local, con participación de quienes habitan y cuidan
el territorio.
Resolver la crisis del agua en México implica cambiar el modelo: del privilegio a la
equidad, rescatar las concesiones discrecionales, del extractivismo a la
sustentabilidad, de la concentración a la cooperación.
Si el país apuesta por invertir en infraestructura de riego justa y tecnificada, podría
garantizar alimento para todos, empleo digno para millones, y equilibrio ecológico
para futuras generaciones. La soberanía alimentaria no se logra sin soberanía
hídrica. Y esto solo será posible si el agua vuelve al servicio del pueblo.
Fuente: Estimaciones generales basadas en datos de la CONAGUA.