Los derechos de las mujeres y sus libertades los han logrado a través de la historia, pues antiguamente no gozaban de reconocimiento alguno al ser consideradas meros objetos. En algunos países estos derechos están institucionalizados o respaldados por la ley, la costumbre local y el comportamiento, mientras que, en otros, son ignorados y suprimidos; éstos incluyen el derecho a la integridad y autonomía corporal, a estar libres de violencia sexual, a votar, a ocupar cargos públicos, a celebrar contratos legales, a tener igualdad en la familia, a trabajar, a salarios justos o igualdad de remuneración, a tener derechos reproductivos, a poseer propiedades y a la educación.
La violencia contra la mujer en el ámbito relacional o afectivo es una forma de violencia de género que se ejerce por parte de una pareja o expareja hacia la mujer, con el fin de dominarla, controlarla o someterla. Los estudiosos del tema la definen como violencia física, psicológica, sexual, económica o simbólica, y puede tener graves consecuencias para la salud, la dignidad y la integridad de las mujeres. La violencia contra la mujer en el ámbito relacional o afectivo es un problema social y de derechos humanos que afecta a millones de mujeres en el mundo, y que se sustenta en la desigualdad de género y el patriarcado.
La doble victimización de la mujer es el fenómeno por el cual una mujer que ha sufrido violencia, además de padecer el daño causado por el agresor, se enfrenta a la falta de apoyo, comprensión o justicia por parte de las instituciones, los profesionales o la sociedad que deberían protegerla y ayudarla.
La violencia contra las mujeres en México es un problema grave y persistente, que afecta a millones en diferentes ámbitos y etapas de la vida. Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del Inegi, 66.1% de las mujeres de 15 años y más han sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida.
Los presupuestos de los gobiernos de todo el mundo que deben estar orientados a cuestiones sensibles y programas que impulsen la equidad y la igualdad de género son una forma de reconocer y transformar las desigualdades históricas y estructurales que afectan a las mujeres y las niñas en diferentes ámbitos de la vida. Estos presupuestos deben buscar que los ingresos y los gastos públicos reflejen el impacto diferenciado que tienen las políticas públicas en hombres y mujeres; por ejemplo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2023 de México, destinó 374 mil 821 millones de pesos para la igualdad de género y la erradicación de la violencia y la discriminación. Sin embargo, 86% de estos recursos correspondieron a programas de transferencias monetarias y programas dirigidos al sector con seguridad social que no cuentan con acciones puntuales para la disminución de la desigualdad entre mujeres y hombres.
El presupuesto de egresos 2022 de Argentina incorporó metodología de presupuesto con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, y asignó 15% más de recursos que en 2021 para políticas de género.
El presupuesto de egresos para 2021 en España contempló un aumento de 157% en los recursos destinados a la igualdad de género respecto al año anterior.
Estos ejemplos visualizan cómo los gobiernos pueden utilizar el presupuesto como una herramienta para promover la equidad y la igualdad de género, y para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Sin embargo, aún hay muchos desafíos y áreas de oportunidad para mejorar la calidad y la eficacia de estos presupuestos, y para asegurar que se traduzcan en resultados concretos y sostenibles para la población.
Promover la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el desarrollo sostenible es y seguirá siendo obligación impostergable de toda sociedad y todo gobierno. ¿O no, estimado lector?