Ciudad de México, 19 de noviembre de 2025. – El sábado 15 de noviembre, miles de jóvenes y ciudadanos colmaron las avenidas de la capital mexicana en la llamada Marcha de la Generación Z, un clamor que reverberó desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. Con una asistencia estimada en 17.000 personas solo en CDMX, según las autoridades locales, la movilización no fue solo un desfile juvenil: se convirtió en un espejo de las grietas sociales que azotan al país. Pero detrás de los carteles y consignas, emergen dos narrativas opuestas: el hartazgo colectivo de una generación que se siente traicionada, y la defensa oficial de un gobierno que insiste en su hoja de ruta transformadora.
Desde la perspectiva de los manifestantes, la marcha fue un grito ensordecedor contra un sistema que, a su juicio, prioriza el poder sobre las vidas cotidianas. Jóvenes de entre 18 y 25 años, junto a familias y activistas de todas las edades, denunciaron la escalada de inseguridad –con más de 100.000 homicidios y 110.000 desaparecidos en la última década–, la corrupción rampante y la ausencia de oportunidades laborales en un México donde el desempleo juvenil roza el 8%. El detonante inmediato: el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el 2 de noviembre, un caso que simboliza la impunidad en Michoacán y más allá. Consignas como “¡Fuera Claudia!” y “¡Fuera Morena!” resonaron con furia, acompañadas de demandas por un transporte público eficiente –harto de fallos en el Metro– y la preservación de la selva ante megaproyectos controvertidos. “No somos bots, somos el futuro que nos roban”, gritó una manifestante en el Zócalo, encapsulando el desengaño de una Gen Z que creció con promesas de cambio y cosecha deudas públicas crecientes y desigualdad persistente.
Sin embargo, el gobierno federal y local pinta un lienzo distinto: uno de responsabilidad compartida y avances concretos. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el derecho a la protesta en su mañanera del lunes, pero la tildó de “orquestada por la oposición”, vinculándola a una supuesta campaña de desinformación internacional valorada en más de 90 millones de pesos, impulsada por influencers, el PAN y redes como Atlas Network. La Secretaría de Gobernación capitalina, a cargo de César Cravioto, exhibió contratos que ligan al impulsor Edson Andrade con pagos superiores a 2 millones de pesos del PAN, cuestionando la “espontaneidad” del movimiento. En cuanto a los reclamos, el Ejecutivo destaca logros como la Guardia Nacional –con 130.000 elementos desplegados– y programas antipobreza que han sacado a 5 millones de personas de la miseria desde 2018. Sobre Manzo, Sheinbaum y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla prometieron “cero impunidad”, con investigaciones en marcha y refuerzos en Michoacán. Los incidentes violentos –20 detenidos por arrojar petardos y derribar vallas frente al Palacio Nacional, más 120 heridos leves– fueron condenados como “inaceptables”, pero atribuidos a “provocadores infiltrados”.
Esta dualidad no resuelve tensiones: mientras los jóvenes ven en la marcha un catalizador para el cambio, el oficialismo la lee como un eco de intereses partidistas. Ya se anuncia una segunda convocatoria para el 20 de noviembre, exigiendo la liberación de los detenidos. En un México polarizado, ¿será esta la chispa de un diálogo genuino o el combustible de más divisiones? La Gen Z no espera respuestas en papel: exige acción en las calles que transita todos los días.
