• 6 de julio de 2025 16:44

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Justicia para las comunidades indigenas

El pasado 30 de septiembre de 2024 se publicó en el DOF la más reciente reforma en materia indígena. Se trata de una enmienda que tuvo un respaldo unánime de las fuerzas políticas representadas en el poder constituyente permanente, que modificó —por sexta ocasión— al artículo 2º de nuestra Constitución para reconocer y garantizar algunos derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

Se fortaleció el concepto de que la nación mexicana “es única e indivisible, basada en la grandeza de sus pueblos y culturas” y que tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada de manera original en sus pueblos indígenas. De igual manera, la Constitución ahora reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación.Play Video

Recordar lo anterior cobra sentido porque el pasado mes tuvo lugar el “Encuentro Regional de Pueblos Indígenas”, realizado en la Amazonía ecuatoriana a la que asistieron delegaciones de los pueblos indígenas y tribales de México, Colombia, Perú, Brasil y Chile, para debatir y buscar soluciones a la falta de cumplimiento de decisiones judiciales de la CoIDH que han reconocido derechos de los pueblos indígenas.

En el citado encuentro se dio a conocer que 24 sentencias de la CoIDH a favor de comunidades indígenas, no han sido cumplidas; y que existen otros 24 casos más que están en la etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia.

En el caso de México, de los 13 casos —por los cuales hemos sido sentenciados como Estado— se cuenta con cumplimientos de manera parcial, puesto que hay reparaciones pendientes de acatamiento. Una de ellas, la última sentencia de la Corte IDH, de fecha 22 de agosto de 2024 se refiere al Caso González Méndez y Otros vs. México, determina la responsabilidad internacional del país por la desaparición de Antonio González Méndez, el 18 de enero de 1999, quien perteneciera al pueblo indígena de Cho’l, originario de la comunidad El Calvario y miembro de las bases civiles del EZLN.

Se arguyó que esta desaparición no fue un hecho aislado, sino que formaba parte de un contexto de operaciones llevadas a cabo por grupos armados paramilitares que operaban en Chiapas desde 1995, debido a un plan estatal que buscaba romper la relación de apoyo entre la sociedad civil y el EZLN. Por ello, la Corte declaró la responsabilidad del Estado y las reparaciones se encuentran pendientes de cumplimiento.

Dentro de las medidas de no repetición dictadas por el organismo internacional, se encuentra que se fortalezca la capacidad del Poder Judicial de investigar de forma adecuada y eficiente las graves violaciones de derechos humanos, incluyendo posibles desapariciones forzadas, y además, que se incluyan los recursos materiales y técnicos necesarios para asegurar el correcto desarrollo de los procesos.

Con motivo de la reforma al Poder Judicial —a través de la cual se han elegido a jueces, magistrados y ministros— se ha dado a conocer que, con la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su próximo presidente será Hugo Aguilar, jurista oaxaqueño de origen mixteco.

Su llegada al máximo tribunal de nuestro país puede constituir una importante oportunidad de reivindicación de los pueblos indígenas en la conquista de sus derechos.

Será importante observar la importancia que dará la Suprema Corte —en su nueva época— al cumplimiento de la convencionalidad, y a la observancia de las sentencias de la Corte IDH que, sin duda, permitirán hacer efectivos los extensos derechos y prerrogativas que los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas tienen reconocidos en los tratados internacionales y por nuestra Carta Magna con motivo de las reformas constitucionales recientes.

Si bien las sentencias de la Corte Interamericana obligan a todo el Estado Mexicano —y no sólo al Poder Judicial— es de esperar que las resoluciones que tendrá que adoptar la nueva Suprema Corte deberán contribuir a que el país atienda de manera más cumplida las resoluciones que se nos han impuesto y han sido desobedecidas.

Como Corolario, la frase de Ban Ki-moon, exsecretario general de la ONU: “Los pueblos indígenas no son parte del pasado, son parte esencial del presente y del futuro”

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