· Fue redactada por el oficialísimo con ambigüedad y desechó la mayoría de las observaciones presentadas durante los conservatorios, y por la oposición.
· La ley viola la constitución y la libertad de expresión, al institucionalizar la censura previa.
Boletín/GPPRI/No. 228 /LXVI/25
Senado de la República, 27 de junio de 2025
El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República fijó su postura en contra del dictamen de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobado en comisiones unidas por la mayoría oficialista, al considerar que representa un grave retroceso en materia de libertades, la autonomía institucional y los principios democráticos del país.
A pesar de que Morena promovió una serie de conversatorios con expertos y representantes de la sociedad civil, el resultado fue una simulación. No se incorporaron la gran mayoría de las propuestas presentadas, y las pocas que sí se retomaron fueron redactadas con ambigüedad y sin valor normativo. La ley fue impuesta, no dialogada.
La nueva Comisión Reguladora no es un órgano autónomo, sino una instancia subordinada a la Agencia de Transformación Digital del Gobierno Federal. Lejos de garantizar derechos, institucionaliza la censura previa (artículo 10, fracción 53), reincorpora disposiciones ya declaradas inconstitucionales y simula equidad en la competencia mediante licitaciones públicas, pero que controla el propio Ejecutivo, lo que también viola el T-MEC.
Además, se otorgan funciones diplomáticas a la Comisión sin la intervención del Senado ni de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo que viola la Constitución y distorsiona la representación del Estado mexicano en organismos internacionales.
La ley también revive el Padrón de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional en dos ocasiones, y abona a la recolección masiva de datos personales y biométricos sin control judicial, configurando un modelo de vigilancia estatal inadmisible.
El PRI rechaza esta ley de principio a fin. No es una política de comunicación moderna; es un instrumento de control autoritario, una amenaza a la libertad de expresión, y un ataque directo a los derechos ciudadanos.
“Esta ley está mal desde la primera hasta la última página. Simula diálogo, impone control, elimina la autonomía, y legaliza la censura. Morena no solo quiere regular, quiere imponer un estado de espionaje constante”.
Por ello, el PRI votó en contra y seguirá defendiendo la libertad, la legalidad y la democracia.