- El proyecto de la diputada Pérez López (Morena) lo analiza la Comisión de Puntos Constitucionales
La diputada Beatriz Dominga Pérez López (Morena) propuso adicionar un último párrafo al Artículo 4° de la Constitución Política para establecer que “toda persona tiene derecho a la paz”.
Mediante una iniciativa, turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la legisladora señala que la paz es un derecho humano al que todas y todos deberíamos tener acceso o, por lo menos, estar garantizado en la legislación; por eso que se busca estipularlo en la Carta Magna como un derecho universal y cumplir con el exhorto internacional en este sentido.
Explica que para el libre desarrollo del ser humano es necesaria la intervención de muchos sectores, como la educación, la salud, la cultura y el deporte, entre otros; sin embargo, la realización de todos estos aspectos no sería posible sin un ambiente adecuado, pues a pesar de que pudieran estar plasmados en la legislación nacional o tratados internacionales, quedarían suspendidos si no hay paz.
Argumenta que el país está lejos de tener una paz homogénea, ya que, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Socioambientales de México, en el territorio nacional se identificaron 333 conflictos por tensiones y disputas generadas por el uso, acceso, control y la apropiación de los bienes comunes naturales.
Menciona que, para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la paz no es solamente un valor que deba regir las relaciones internacionales, ni únicamente es la ausencia de conflictos armados, internos o internacionales, sino que también es un derecho humano del que todas las personas, grupos y pueblos son titulares, ya que es un concepto mucho más amplio y positivo.
En ese mismo sentido, la legisladora señala que en la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos a la Paz, adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 12 de noviembre de 1984, se proclama que los pueblos del planeta tienen el derecho sagrado a la paz y que la protección de ese derecho, así como el fomento de su realización es obligación fundamental de todo Estado, por lo que hace un llamado a contribuir, por todos los medios, a asegurar su ejercicio mediante la adopción de medidas pertinentes en los planos nacional e internacional.