En la Universidad de Guadalajara, Jalisco, continuaron los trabajos del Foro Regional por la Libertad y el Bienestar, organizado por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con el fin de analizar las iniciativas constitucionales y legales remitidas por el Ejecutivo Federal y las presentadas por diferentes grupos parlamentarios, en materia de derecho al agua y protección al salario.
El diputado Hamlet García Almaguer (Morena) comentó que la reforma propuesta por el Presidente señala que el 66 por ciento de las concesiones de agua se encuentran en acuíferos sin disponibilidad, por lo que hay un problema de estrés hídrico en el país; mientras que la iniciativa sobre salario refleja que entre 1976 y 2016 se perdió el 70 por ciento del poder adquisitivo.
“Lo que aquí se expone formará parte de las relatorías y de los insumos para la discusión, tanto en las comisiones como en el Pleno de la Cámara de Diputados, y no sólo para esta Legislatura, sino también para las que vienen”
José Francisco Muñoz Valle, rector del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, afirmó que este evento representa un pilar esencial en la consolidación de la democracia en nuestro país al promover un espacio de parlamento abierto que refleje y responda a las inquietudes y expectativas de las diversas regiones de la nación.
“Celebramos la oportunidad de generar estos valiosos ejercicios de diálogo, fundamentales para recoger y comprender el sentir popular sobre temas cruciales que forman parte de la agenda pública nacional”, precisó.
Primera mesa
Durante la mesa “El Derecho al Agua”, su moderador, Hugo Sadoth Chávez Ascencio, director general de la empresa PHHS ingeniería, S.A. de C.V., indicó que este recurso ha sido un tema a debate que afecta a todas y todos pues se requiere de este líquido para subsistir, donde el 4º constitucional nos da derecho al agua y que debe ser salubre.
Valentina Davydova Belistkaya, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, expuso que el 40 por ciento del territorio mexicano puede ser otorgado para el desarrollo de la minería con todos los derechos para uso del agua en los próximos 25 a 50 años, a pesar de la gravedad de la sequía.
Puntualizó que para que el gobierno tome buenas decisiones es muy importante la colaboración entre académicos y tomadores de decisiones, ya que solo así se podría tener un programa útil, pero para esto debe crearse un Comité de Vigilancia que verifique su cumplimiento con una retroalimentación y pueda ser modificado según los resultados.
Sofía Mendoza Bohne, directora científica del Laboratorio de Antropoceno el CALAS Alemania, con sede en la Universidad de Guadalajara, advirtió que en el 40 por ciento del territorio nacional el líquido es priorizado para la minería y no para la producción agrícola, a pesar de la dependencia alimentaria existente.
Dijo que se debe concientizar a la ciudadanía de que el acceso a ese recurso no es un problema individual, de empresa o del gobierno, sino de interés para todos, además de que la discusión debe ser cuidar la seguridad hídrica. “No se trata de hacer más pozos o buscar más agua, hay que rescatar la que tenemos”.
Josué Daniel Sánchez Tapetillo, especialista y maestro en gestión integrada de recursos hídricos por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, señaló que la iniciativa generaliza y refuerza la idea de que todo uso del agua distinto al doméstico y al público es para hacer negocio.
Añadió que la Ley de Aguas Nacionales ha fomentado la mercantilización del recurso, además de que la situación actual ha sido propiciada por la débil presencia del Estado en su vigilancia y gestión, así como en la normatividad tolerante y permisiva, aunado a los tardíos esfuerzos para el aprovechamiento de la tecnología para un uso óptimo.
Segunda mesa
En la mesa “Protección al Salario”, moderada por Blanca Lizbeth Inguanzo Arias, coordinadora académica en la Universidad de Guadalajara, el diputado Favio Castellanos Polanco (Morena) comentó que la manera de legislar debe ser acompañado de la ciudadanía, las y los académicos y los representantes del pueblo para lograr que las reformas privilegien el derecho de las y los mexicanos.
“Llegó la hora de recuperar nuestros derechos y una legislación para las y los mexicanos, haciendo conciencia en nuestras juventudes”, añadió.
Por su parte, Nancy García Vázquez, profesora-investigadora de la Universidad de Guadalajara, consideró que la reforma no incentiva el empleo formal ni incorpora a más personas a la población económicamente activa; su tendencia es a la inversa, ya que la informalidad se mantuvo y la tasa de desempleo se incrementó.
“La tasa de quienes se beneficiarían sería muy mínima pues en el país el trabajo informal es la tendencia. Además, no toma a debate el ingreso mínimo, la renta mínima y el mínimo vital”, apuntó.
Antonio Sánchez Bernal, director de la División de Economía y Sociedad del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, dijo que, aunque se va por el camino correcto, el proyecto no tiene una visión federalista porque pareciera que el dictamen solo aumentará el salario mínimo a los trabajadores del Gobierno Federal.
Subrayó que para que el salario mínimo tenga mayores impactos en la calidad de vida, la política salarial debe ir acompañada de una política que fomente la formalidad del empleo en México.
Jorge Villaseñor Becerra, director del programa de la maestría en economía de la Universidad de Guadalajara, señaló que la propuesta es muy loable; sin embargo, consideró que debe complementarse con una mejora en las prestaciones no monetarias, en las condiciones laborales, en la calidad de los trabajos y en todo aquello que rodea a los salarios de las personas.
Se requieren, dijo, estrategias secundarias para que el aumento al salario mínimo no derive en distorsiones en el bienestar de los trabajadores, es decir que sí los beneficie, no que los perjudique; ello requiere garantías laborales y que estas se cumplan y haya una verdadera vigilancia de las condiciones laborales. Además, indicó que no se debe considerar al salario mínimo como la única forma eficiente de reducir la desigualdad.
