Análisis sobre la crisis venezolana y la sombra de la intervención extranjera
Para dimensionar la gravedad de lo que ocurre hoy en Venezuela, no basta con mirar el
presente, es necesario revisar el trasfondo. Durante gran parte del siglo XX, este país fue
parte fundamental de la estabilidad democrática en la región, caracterizado por su riqueza
petrolera, sin embargo, el desgaste institucional y la desigualdad crónica de finales de los
90 abrieron la puerta a la «Revolución Bolivariana» de Hugo Chávez.
Lo que inició como un proyecto de transformación social derivó en una concentración de
poder que tras la muerte de Chávez en 2013 y el ascenso de Nicolás Maduro, terminó por
fracturar el Estado de derecho. Bajo el mando de Maduro, Venezuela se sumergió en una
hiperinflación, migración masiva y una crisis humanitaria que los organismos internacionales
han documentado con detenciones arbitrarias y una vulneración sistemática de los derechos
fundamentales.
El choque entre la fuerza y la norma
El reciente arresto de Maduro en una operación llevada por Estados Unidos nos coloca
frente a un dilema jurídico. Si bien la persecución de crímenes de lesa humanidad y
narcotráfico es una obligación moral y legal, el método importa tanto como el fin.
Actuar sin un mandato de organismos multilaterales y mediante el uso unilateral de la fuerza
desafía directamente la Carta de las Naciones Unidas, la cual menciona la igualdad
soberana de los Estados y prohíbe toda intervención que vulnere la integridad territorial y la
independencia política de un país, contraviniendo así el principio de soberanía estatal.
Resulta particularmente alarmante el discurso de la administración de Donald Trump. Al
sugerir que Estados Unidos podría «administrar» el territorio y sus recursos estratégicos
(específicamente el petróleo), la narrativa cruza la línea de la justicia para entrar en el
terreno de la ambición geopolítica.
Cuando una potencia propone gobernar a otra, el derecho a la autodeterminación de los
pueblos se convierte en una excusa retórica que se utiliza para justificar formas modernas
de intervención y control.
Advertencias que deja la historia
La historia demuestra que las intervenciones militares de Estados Unidos (incluso cuando
se justifican en la defensa de la democracia o los derechos humanos) han tenido
consecuencias negativas y duraderas, por ejemplo Irak (2003) que se basó en información
falsa sobre armas de destrucción masiva, dio como resultado una guerra prolongada, la
destrucción del tejido institucional y el surgimiento de grupos extremistas. Lo que demuestra
que la intervención generó inestabilidad y violencia persistente en lugar de buscar la
estabilidad. Afganistán que vivieron dos décadas de presencia militar que terminaron con el
regreso del régimen talibán, demostrando que la democracia no se exporta por la fuerza.
Libia (2011) una intervención que dejó un Estado fragmentado y sumido en el caos.
Estos son solo algunos ejemplos que nos advierten que imponer un orden externo rara vez
beneficia a la población local; por el contrario, suele crear dependencias y conflictos
crónicos.
Conclusión: Justicia, no tutela
La crisis venezolana no se resolverá sustituyendo un autoritarismo local por una
administración extranjera. Aceptar que una potencia tome el control de un Estado soberano
bajo el pretexto de «restaurar el orden» sienta un precedente peligroso para el sistema
internacional, ya que estaríamos normalizando la injerencia y permitiendo que la ley del más
fuerte sustituya al derecho.
El destino jurídico de Nicolás Maduro debe decidirse en tribunales legítimos y mediante el
debido proceso, respetando el orden constitucional y los principios fundamentales del
derecho internacional. Cualquier intento de resolver su situación a través de presiones
externas, juicios políticos improvisados o intervenciones unilaterales no solo vulnera las
garantías procesales básicas, sino que también sienta un precedente peligroso que debilita
el Estado de derecho. La justicia, para ser legítima, no puede nacer de la imposición ni del
interés geopolítico, sino del respeto a la legalidad, la soberanía institucional y los derechos
fundamentales, aun en contextos de profunda crisis política.
La justicia internacional debe ser una herramienta de rendición de cuentas, no un
instrumento político de ocupación.
En definitiva, Venezuela clama por justicia, pero no por una tutela externa ni por soluciones
impuestas desde el exterior. La superación de la crisis política, social e institucional que
atraviesa el país solo puede construirse a partir del respeto a su soberanía, al principio de
autodeterminación y a la voluntad de su propio pueblo. Cualquier decisión que no tome en
cuenta estos fundamentos corre el riesgo de profundizar el conflicto, erosionar aún más la
legitimidad institucional y perpetuar la dependencia y la inestabilidad.
Una solución real y duradera exige procesos internos legítimos, acompañamiento
internacional responsable y un compromiso auténtico con el Estado de derecho, la justicia y
la reconstrucción democrática. Solo así podrá abrirse la oportunidad de no repetir los
errores del pasado ni sacrifique la dignidad nacional en nombre de intereses ajenos.