El 1 de junio de 2025, México se embarcó en un experimento sin precedentes al someter a elección popular más de 2,600 cargos judiciales, incluidos los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Promovida por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum como un paso hacia la democratización del Poder Judicial, esta elección ha sido señalada como un proceso plagado de irregularidades, cuestionamientos sobre su legitimidad y un potencial retroceso democrático. Las recientes declaraciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los reportes de inconsistencias han puesto en duda la validez de los comicios, generando un panorama de incertidumbre para el futuro de la justicia en México.
El INE y la sombra de la invalidez
El 15 de junio, el INE validó los resultados de la elección de la SCJN, afirmando que el proceso cumplió con los principios de legalidad y equidad. Sin embargo, en las semanas posteriores, el organismo ha reconocido serias irregularidades que podrían llevar a la anulación de ciertos resultados. El consejero electoral Jaime Rivera destacó que las elecciones se realizaron bajo “reglas deficientes” y con “interferencias políticas evidentes”, incluyendo prácticas ilegales como la distribución de “hojas de apoyo” por parte de Morena para favorecer a sus candidatos afines. La consejera Carla Humphrey señaló 34 candidaturas que no cumplen con los requisitos constitucionales de idoneidad, lo que ha intensificado los cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso.
El INE reportó una participación de apenas el 13% del padrón electoral —unos 13 millones de votantes—, la más baja en la historia democrática de México, comparada con el 60% de la elección presidencial de 2024. Más alarmante aún, los votos nulos y en blanco superaron el 20% del total, en algunos casos superando los votos de los candidatos ganadores. Esta alta tasa de nulidad, sumada a la complejidad de las boletas —hasta seis por votante con más de 7,700 candidatos— y la falta de conteo ciudadano en las casillas, ha generado dudas sobre la transparencia del proceso.
Irregularidades que minan la confianza
El proceso estuvo marcado por múltiples irregularidades que han alimentado las críticas. La reducción del presupuesto del INE, impuesta por el gobierno, limitó el número de casillas a la mitad de lo habitual, dificultando el acceso al voto. En algunos estados, como Durango, las tres ramas del gobierno propusieron la misma lista de 49 candidatos para 49 cargos, eliminando cualquier posibilidad de elección real. Además, se reportaron casos de coacción al voto, entrega de “hojas de apoyo” por parte de funcionarios públicos y militantes de Morena, y posibles indicios de compra de votos, como votantes fotografiando sus boletas. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales recibió 23 denuncias de posibles crímenes electorales, incluyendo distribución ilegal de propaganda.
Un aspecto particularmente grave fue la inclusión de candidatos con antecedentes cuestionables. Organizaciones como Defensores identificaron al menos 20 aspirantes de “alto riesgo”, incluyendo a una ex abogada de Joaquín “El Chapo” Guzmán y ex funcionarios ligados a escándalos de corrupción o crimen organizado. La renuncia del Comité Evaluador del Poder Judicial en enero de 2025, tras órdenes judiciales que suspendieron el proceso de selección, resultó en listas de candidatos sorteadas por lotería sin una evaluación adecuada de idoneidad. Esto permitió que personas con vínculos dudosos llegaran a las boletas, incrementando los temores de una posible captura del Poder Judicial por intereses políticos o criminales.
Interferencias políticas y riesgos democráticos
La elección ha sido señalada como un intento de Morena para consolidar su control sobre el Poder Judicial, eliminando los contrapesos democráticos.
La oposición, liderada por el PAN, calificó el proceso como una “farsa electoral” y llamó al boicot, argumentando que la reforma busca subordinar al Poder Judicial al Ejecutivo. La Organización de los Estados Americanos (OEA), en su informe preliminar, calificó la elección como “compleja, polarizante y con múltiples vacíos”, desaconsejando su replicación en otros países. Analistas y organismos civiles han advertido que la baja participación y la falta de independencia en el proceso podrían derivar en un sistema judicial politizado, vulnerable a la influencia de Morena y, potencialmente, del crimen organizado.
Las protestas, como la marcha del “Domingo Negro” en la Ciudad de México, reflejaron el rechazo ciudadano a un proceso percibido como antidemocrático, con consignas como “RIP Democracia”. La falta de campañas públicas significativas, la prohibición de que los candidatos expresaran afiliaciones partidistas y la desinformación generalizada dejaron a muchos votantes desorientados, dependiendo de “hojas de apoyo” para emitir su voto.
¿Un futuro incierto para la justicia?
Con los resultados bajo escrutinio, el INE enfrenta la posibilidad de anular ciertos cargos electos debido a las irregularidades documentadas. La instalación de los nuevos jueces y ministros está programada para septiembre, pero la legitimidad de sus decisiones ya está comprometida. Expertos advierten que un Poder Judicial debilitado podría agravar la crisis de impunidad en México, donde el 98% de los delitos quedan sin resolver. La segunda fase de la elección, prevista para 2027, será crucial para corregir las fallas, pero sin reformas profundas, el riesgo de una justicia subordinada a intereses políticos o criminales persiste.
La elección judicial de 2025, lejos de fortalecer la democracia, ha expuesto las fragilidades de un sistema electoral manipulado y una ciudadanía desinformada. Mientras el INE evalúa las impugnaciones y el país espera claridad, la pregunta sigue en el aire: ¿puede un proceso tan cuestionado producir una justicia verdaderamente independiente?