La Ciudad de México, una de las metrópolis más grandes y dinámicas del mundo, enfrenta un desafío monumental: mover a más de nueve millones de personas diariamente a través de un sistema de transporte público que, pese a su relevancia, se encuentra saturado, obsoleto y aquejado por problemas de seguridad. Este pilar de la movilidad urbana, que representa el 78.5% de los viajes en la capital, lucha por satisfacer las necesidades de una población en constante crecimiento, mientras las soluciones gubernamentales avanzan a paso lento y, en muchos casos, se quedan cortas.
Una red bajo presión
El transporte público en la Ciudad de México, compuesto por el Metro, Metrobús, RTP, trolebuses, Cablebús y el vasto sistema de microbuses y combis concesionados, es la columna vertebral de la movilidad urbana. Según la Secretaría de Movilidad (Semovi), los microbuses, autobuses y combis trasladan al 82% de los pasajeros de la Zona Metropolitana, con un promedio de 11.54 millones de viajes diarios de lunes a viernes. El Metro, por su parte, moviliza a cinco millones de personas al día, consolidándose como el medio más utilizado por su rapidez y cobertura. Sin embargo, esta intensidad de uso ha llevado a una saturación crónica, especialmente en horas pico, donde vagones abarrotados, frecuencias insuficientes y unidades obsoletas son la norma.
Un estudio del Observatorio de Movilidad Urbana (OMU) y Moovit en 2021 reveló que el 61% de los usuarios de microbuses consideran que la seguridad dentro de las unidades debe mejorar, mientras que el 47% y el 65% de los usuarios de Metrobús y RTP, respectivamente, señalaron la necesidad de mejores frecuencias. La saturación no solo genera incomodidad, sino que incrementa los riesgos de accidentes y delitos, afectando la calidad de vida de millones de capitalinos.
Inseguridad: un pasajero indeseado
La percepción de inseguridad en el transporte público es alarmante. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de 2021, el 90% de los habitantes de las cuatro regiones de la Ciudad de México (norte, sur, oriente y poniente) se sienten inseguros al usar el transporte público, solo superado por el miedo a los cajeros automáticos en la vía pública. El mismo informe indica que el 60% de los usuarios de microbuses, autobuses y combis teme sufrir un accidente vial.
El transporte concesionado, como microbuses y combis, es particularmente vulnerable. Un estudio de la Universidad de Stanford señaló que los jóvenes de 18 a 25 años y las personas que pasan más de una hora en el transporte son los más propensos a ser víctimas de delitos, con un riesgo de robo con violencia que alcanza hasta el 63% en ciertas zonas de la ciudad. La falta de regulación y supervisión en el modelo “hombre-camión”, donde los operadores compiten agresivamente por pasajeros, agrava estas problemáticas, fomentando comportamientos riesgosos como paradas aleatorias y exceso de velocidad.
Factores que alimentan la crisis
Infraestructura obsoleta: La mayoría de las unidades de transporte público, especialmente microbuses, están en mal estado. Según la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), la antigüedad del parque vehicular es un obstáculo para la seguridad y la sostenibilidad.
Saturación y falta de planificación: La alta densidad demográfica y la falta de sistemas integrados de transporte generan cuellos de botella, especialmente en corredores clave como Calzada Ignacio Zaragoza.
Regulación deficiente: La operación descentralizada del transporte concesionado, sin una supervisión efectiva, perpetúa la ineficiencia y la inseguridad.
Falta de datos abiertos: Según el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP), la ausencia de información actualizada sobre movilidad dificulta la planeación de políticas efectivas.
Contaminación ambiental: El transporte público es una de las principales fuentes de emisiones en la ciudad, contribuyendo al 34% de las emisiones de CO2 del sector autotransporte, según la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).
Acciones gubernamentales: luces y sombras
El Gobierno de la Ciudad de México ha implementado iniciativas para abordar estas problemáticas, aunque los resultados son mixtos
Lo que sí se ha hecho:
Electromovilidad y Cablebús: La introducción de las Líneas 1 y 2 del Cablebús en zonas periféricas como Gustavo A. Madero e Iztapalapa ha reducido los tiempos de traslado en un 50% para 55,000 usuarios diarios, promoviendo un transporte sustentable y accesible.
Modernización del Metro: El Proyecto Metro-Energía, con una inversión de $4,500 millones, moderniza el suministro eléctrico de las Líneas 1, 2 y 3, garantizando mayor seguridad y eficiencia.
Seguridad reforzada: En 2022, se desplegaron 530 elementos policiales en 44 puntos de revisión en avenidas críticas como Ignacio Zaragoza y Ermita-Iztapalapa, logrando una reducción del 83% en homicidios dolosos en esas zonas.
Digitalización: Proyectos como TranSIT, en colaboración con la GIZ, impulsan soluciones digitales para mejorar la eficiencia y accesibilidad del transporte público.
Lo que no se ha hecho o es insuficiente:
Renovación de flota: no existe un programa nacional robusto para renovar las unidades obsoletas, lo que perpetúa la inseguridad y la contaminación.
Integración de sistemas: La falta de un sistema unificado de pago y la coordinación metropolitana limitada entorpecen la intermodalidad.
Regulación efectiva: La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no se ha implementado plenamente en la capital, lo que frena la unificación de normativas locales.
Atención a la inseguridad: Aunque se han desplegado policías, la percepción de inseguridad persiste, y las medidas no abordan de manera integral la violencia de género ni los robos en el transporte concesionado.
Hacia un futuro más móvil y seguro
La Ciudad de México necesita un cambio cultural y estructural en su enfoque de movilidad. Modelos exitosos como los de Curitiba o Bogotá demuestran que es posible transformar el transporte público con políticas basadas en la integración, la sostenibilidad y la participación ciudadana. Es imperativo que el gobierno invierta en la renovación de la flota, fortalezca la regulación del transporte concesionado y promueva la digitalización para optimizar rutas y frecuencias. Además, la seguridad debe ser una prioridad, con medidas específicas para proteger a los grupos más vulnerables, como mujeres y jóvenes.
El transporte público no solo mueve a la ciudad, sino que define su pulso. Sin una acción decidida, la capital seguirá atrapada en un ciclo de saturación, inseguridad y promesas a medio cumplir. Es hora de que el gobierno y la sociedad trabajen juntos para construir un sistema que no solo transporte, sino que dignifique la vida de millones de capitalinos.